Durante la Asamblea de LaLiga se conoció la sentencia del juzgado de primera instancia número 63 de Madrid, que ha estimado parcialmente una denuncia del Real Madrid y el Barcelona contra LaLiga y ha declarado nulas las decisiones el Órgano de Control de gestión de los Derechos Audiovisuales adoptadas en 2022, los días 1 de marzo, 12 de abril y 19 de mayo, en las que se impidió participar a ambos por su apoyo a la Superliga.
LaLiga confirmó que va a recurrir la sentencia, que declara que impedir la participación de los dos clubes en la deliberación y votación vulnera el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
También que vulnera el derecho de asociación de dichos clubes en su vertiente del derecho a participar en los órganos de LaLiga y que «la condición de socios de la compañía Eeuropean Sper League Company S.L. no suponía un conflicto de interés que pudiera ser causa de abstención o recusación para participar en todos los puntos del día de las reuniones».
LaLiga recordó que la sentencia no es firme y al anunciar su recurso aseguró que la misma «contradice la legislación y jurisprudencia aplicable y adolece de errores materiales importantes, como afirmaciones y datos erróneos, que condicionan su sentido».
El organismo apuntó que «únicamente analiza» su actuación en tres reuniones concretas, en las que se limitó a los clubes «el acceso a información comercialmente sensible si se les hubiera permitido su participación», y que solo estima parcialmente la demanda.
«Desestima una de las peticiones fundamentales de los clubes demandantes, que consistía en que se declarase con carácter general que la condición por parte del Barcelona y el Real Madrid de socios de la compañía European Super League Company no supone ningún conflicto de interés o causa de abstención en relación con su participación en el Órgano de Control de LaLiga», señaló.
LaLiga sostuvo que «la sentencia rechaza que existiera conflicto de intereses en dichas tres reuniones celebradas en el año 2022 porque ‘el proyecto de la Superliga en la actualidad sigue siendo un proyecto que está sujeto al cumplimiento de una condición suspensiva'», pero «no descarta que puedan darse estas situaciones de conflicto de interés en el seno de la gestión ordinaria de LaLiga».
«El Juzgado sí reconoce que con motivo de la Superliga ya se han dado situaciones de conflicto de interés puntuales que justificarían la recusación de los clubes demandantes de determinadas reuniones del Órgano de Control», añadió la patronal.
El organismo que preside Javier Tebas subrayó que «en contra de lo manifestado por los demandantes, la sentencia reconoce que no se ha probado que estos acuerdos se tomaran en represalia por el desacuerdo de los actores con el Proyecto Impulso», que «no se ha causado indefensión» estos y que el Ministerio Fiscal solicitó la desestimación de la demanda.
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