El Rayo Vallecano ha elevado el tono de su enfrentamiento con la Comunidad de Madrid. En un comunicado oficial extenso y documentado, el club no se limita a lamentar el cierre de su estadio: acusa directamente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de haber actuado «bajo una apariencia de legalidad» con la voluntad real de «causarle perjuicios en todos los órdenes» y de retrasar deliberadamente que el equipo vuelva a competir en Vallecas.
El origen del conflicto se remonta al 28 de julio, cuando la Consejería suspendió cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas alegando graves deficiencias de seguridad. La suspensión se apoyaba en un informe de auditoría fechado y firmado, según la versión oficial, el 14 de julio de 2026.
Ahí es donde el Rayo centra su ataque. El club sostiene que ese documento —presentado como un PDF firmado en julio— es en realidad la conversión de un archivo Word creado el 12 de diciembre de 2025, casi ocho meses antes de conocerse públicamente. Según el comunicado, las propiedades del archivo, que el club dice reproducir en un anexo, identifican el documento originario en Word bajo la referencia «251212», en clara alusión a esa fecha de diciembre.
El Rayo Vallecano lo formula sin matices: «es la transformación en pdf de un informe que fue creado en Word el 12 de diciembre de 2025. Si alguien se creyó lo que decía, no se explica que la Consejería lo haya mantenido oculto más de siete meses».
El club llega a reconstruir, casi hora por hora, la jornada del 14 de julio: a las 13:40 alguien instó al auditor a transformar el informe de diciembre en PDF y firmarlo; apenas una hora y media después, a las 15:05, un técnico de la Consejería firmaba ya un informe propio de doce páginas validando esa auditoría. «De ser cierta la cronología, que no lo es, el personal de la Consejería es de los más eficientes del mundo», ironiza el comunicado.
Un informe «desmontado» punto por punto
El Rayo no se queda en la denuncia de fondo: rebate una por una las deficiencias que recoge la auditoría cuestionada, aportando en cada caso documentación propia:
- Instalación eléctrica de baja tensión. El informe hablaba de «total falta de control reglamentario» desde 2009. El club presenta un certificado de un Organismo de Control Autorizado (OCA) de diciembre de 2023, con resultado favorable y vigencia hasta mayo de 2028 —con la propia Comunidad de Madrid figurando como titular de la instalación—.
- Licencias de funcionamiento y ocupación. La auditoría decía que faltaban. El Rayo aporta un informe del Ayuntamiento de Madrid de junio de 2023 que certifica que el estadio cuenta con los permisos municipales necesarios para la actividad futbolística.
- Protección contra incendios. El club entregó a la Consejería, el 29 de julio, las últimas actas de inspección anual, de marzo de 2026 y con vigencia de un año.
- Plan de autoprotección. Aunque el documento base data de 2009, el Rayo dice haber acreditado veinte actualizaciones registradas ante la propia Comunidad de Madrid entre septiembre de 2021 y agosto de 2025.
- Legionela y agua caliente sanitaria. El club fue presentando entre el 5 y el 28 de agosto planes de prevención y certificados de control favorables sobre calderas, agua fría y agua caliente sanitaria.
El comunicado subraya, además, que en los últimos diez años de presidencia de Raúl Martín Presa el club ha celebrado más de 200 partidos en Vallecas «sin incidencias de seguridad, accesibilidad y salubridad para nadie».
La Comunidad de Madrid presenta el proyecto de reforma del estadio de Vallecas
Una cronología que el club presenta como indicio de mala fe
El Rayo reconstruye también los movimientos administrativos posteriores a la suspensión, y lo hace en clave de sospecha. El 13 de agosto, con toda la documentación de seguridad ya presentada, solicitó a la Consejería el levantamiento de la medida cautelar, con margen de sobra antes del partido ante el Alavés del día 20. La Consejería, sostiene el club, filtró a la prensa la denegación sin notificarla formalmente, y repitió el patrón días después con el partido ante el Racing del 5 de septiembre. Las inspecciones técnicas del 4 y el 27 de agosto tampoco derivaron, según el Rayo, en la exigencia de ninguna obra concreta.
El club sitúa el trasfondo real del litigio en junio de 2026, cuando la Consejería habría planteado que el Rayo asumiera una reforma integral del estadio superior a 60 millones de euros para continuar como concesionario, o bien afrontaría la extinción de la concesión —vigente hasta 2039 y ampliable hasta 2049—. Al no aceptar esa inversión, denuncia el club, la administración regional habría optado por la vía de la suspensión cautelar «de seguridad», con el expediente de extinción formalizado el 27 de julio mediante la Orden 1453/2026 y las alegaciones del Rayo presentadas el 17 de agosto.
La conclusión del comunicado no deja lugar a la ambigüedad. El club sostiene que ha aportado toda la documentación necesaria, que LaLiga emitió el 15 de agosto un informe de emergencias sin deficiencia alguna, y hace responsable directa a la Consejería de que el partido ante el Alavés no se jugara en Vallecas y, en su caso, de que tampoco se dispute allí el del Racing.
Un cierre que ya ha vaciado las gradas
La disputa administrativa lleva semanas trasladándose al calendario y a la grada. El partido ante el Alavés se acabó jugando el 20 de agosto en el estadio de Butarque (Leganés), con una entrada de apenas 4.280 espectadores: buena parte de la afición, agrupada en la Plataforma ADRV, ha optado por no acompañar al equipo fuera de Vallecas mientras dure el cierre.
Para el duelo del 5 de septiembre ante el Racing, el club maneja alternativas como El Plantío (Burgos) o el propio Butarque, sin sede confirmada a esta fecha, y los aficionados han convocado una manifestación ese mismo día bajo el lema «El Rayo es de Vallekas o no será».
La Comunidad de Madrid, por su parte, mantiene desde julio que el cierre responde exclusivamente a motivos de seguridad y que la concesión no se restituirá hasta verificar el cumplimiento de todas las exigencias planteadas.
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